Actualmente, año tras año aumenta el comercio electrónico lo que origina obligaciones de tributación, y este hecho tiene ciertas ventajas e inconvenientes fiscalmente, lo que afecta a la asesoría fiscal.
Como todos sabemos, Internet ha abierto a las pequeñas y medianas empresas un mercado de potenciales clientes prácticamente ilimitado, haciendo que cualquier empresa e incluso cualquier particular, pueda ofrecer sus productos y servicios en un mercado de dimensiones mundiales. Este hecho tiene una clara trascendencia desde el punto de vista fiscal, ya que año a año aumentan las transacciones realizadas a través de medios electrónicos, lo que implica que el volumen de facturación aumente de forma imparable.
Antes de explicar las principales ventajas e inconvenientes del comercio electrónico desde el punto de vista de una asesoría fiscal, tenemos que definir que se entiende por comercio electrónico. El comercio electrónico o también conocido como e-Commerce, engloba todas las transacciones comerciales llevadas a cabo a través de redes de telecomunicaciones en las que se emplean medios electrónicos.
Desde el punto de vista fiscal, el comercio electrónico genera y despliega toda una serie de ventajas, tanto para las autoridades tributarias como para los propios contribuyentes.
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Para las autoridades tributarias estos medios electrónicos suponen la ventaja de que disminuyen en gran medida los costes en los que se incurre a la hora de proceder a las operaciones de cobro y devoluciones de las contribuciones fiscales, así como el aumento del éxito a la hora de perseguir y capturar a los posibles evasores fiscales
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Para los contribuyentes, permite establecer una relación más cercana con la administración a la hora de realizar cualquier trámite o solventar cualquier cuestión, y agiliza y facilita en gran medida el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente.
Por el contrario, también existen algunos inconvenientes a la hora de aplicar la fiscalidad tradicional sobre las transacciones de comercio electrónico, como lo son:
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Dificultad de identificación del sujeto pasivo y localización del hecho imponible, lo que ocasiona que sea muy difícil conocer que legislación se debe aplicar en cada caso.
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El problema de la territorialidad en la normativa fiscal y la dificultad de inclusión en ella de las transacciones a través de medios electrónicos.
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Dificultad para calificar las rentas obtenidas, especialmente en aquellos casos en que los bienes se encuentran digitalizados, ya que una incorrecta calificación podría implicar una doble imposición, o la no imposición.
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No poder aplicar el concepto tradicional de territorialidad.
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Problemas a la hora de aplicar el IVA, según se trate de entrega de bienes o prestación de servicios.
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Grandes facilidades para eludir las obligaciones fiscales, especialmente para las personas físicas.
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Utilización de los paraísos fiscales como medio para el blanqueo de capitales (e-paraísos).