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La importancia del libro de contratos

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Dentro del ámbito laboral y empresarial, estar al tanto en todo lo referente a leyes o sus modificaciones es algo indispensable para poder evitarnos sorpresas inesperadas. Recordemos esa manida frase de: ”El desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento” que más que una frase es una realidad que puede darnos muchos sustos. Por eso, desde tu asesoría en Alicante apostamos por ofrecerte el más completo asesoramiento laboral, empresarial y sobre todo, jurídico.

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¡Cuidado!, las peculiaridades del RETA

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Los regímenes especiales encuentran su argumento “en aquellas actividades profesionales en las que, por su naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, se hiciere preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios de la Seguridad Social” (art. 10.1 TRLGSS). Diferenciaremos entre los regímenes especiales de trabajadores autónomos (RETA), trabajadores del mar (REMAR), de la minería del carbón, de funcionarios públicos y de estudiantes.

Aquí nos vamos a centrar en el RETA, que es el más relevante de todos los regímenes especiales.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) será de aplicación a las personas físicas mayores de 18 años, que realicen una actividad por cuenta propia a título lucrativo, fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, de forma habitual, personal y directa. Art. 1.1 Orden 24 septiembre 1970. El requisito de “habitualidad” viene a referirse a la continuidad en el desarrollo de la actividad, pero hay ocasiones en el que se recurre al montante retributivo en caso de duda.

Los requisitos del campo de aplicación del RETA, entre otros, son:

  • Trabajadores autónomos, sean o no titulares de empresas individuales o familiares.
  • Cónyuge y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive de los trabajadores autónomos, siempre que colaboren con ellos en la actividad de que se trate sin tener la condición de asalariados.
  • Trabajadores autónomos no empleadores cuyos ingresos dependan en un 75% como mínimo de único cliente del que, por consiguiente, dependen económicamente. (TRADE).
  • Socios de las compañías regulares colectivas y socios colectivos de las compañías comanditarias.
  • Socios de las cooperativas de trabajo asociado, cuando las mismas opten por este régimen especial en sus estatutos.
  • Socios, trabajadores y no trabajadores, de sociedades mercantiles capitalistas cuando posean el control efectivo de la sociedad.
  • Consejeros y administradores de sociedades mercantiles capitalistas que posean su control.
  • Personal de alta dirección, cuando sean además administradores activos o consejeros ejecutivos, y  posean el control social.
  • Aquellos grupos de trabajadores que precisen para el ejercicio de su actividad profesional integrarse en el colegio o asociación profesional respectiva, cuyo colectivo esté integrado en el RETA: administradores de finas y de loterías, agentes comerciales, de la propiedad industrial e inmobiliaria, de seguros, graduados sociales, asistentes sociales, delineantes, economistas, odontólogos, veterinarios, etc.
  • Miembros de los cuerpos de notarios y de corredores de comercio.
  • Trabajadores agrarios dedicados a tareas agrícolas, forestales o pecuarias como medio fundamental de vida.

Se aprecia que la inclusión de colectivos en uno u otro régimen de Seguridad Social puede resultar un poco problemático, por lo que ser recomienda el asesoramiento profesional en caso de duda de un experto en la materia en la que Asesoría Simple-ty, cuanta con dichos expertos.

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Sanciones, el poder disciplinario del empresario.

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Dentro de la subordinación del trabajador que surge de la relación laboral con el empresario, éste dispone de una facultad, el poder disciplinario, que le permite sancionar a los trabajadores sin tener que acudir a la vía judicial, frente a este poder se encuentra el sucesivo derecho del trabajador, donde puede obtener de la vía judicial la revisión de conformidad a Derecho de dicha decisión empresarial.   El Estatuto de los trabajadores en su artículo 1.1 hace referencia al poder disciplinario del empresario respecto a la organización y dirección del trabajador. El empresario puede asegurar su autoridad y el cumplimiento de sus órdenes pero siempre de manera respetuosa y conforme a la ley sin abusar de dicho poder.   El empresario dispone del poder disciplinario y sancionador para poder sancionar a los trabajadores que no cumplan las órdenes laborales. Las facultades que posee el empresario son las siguientes:    
  • Organizar la actividad productiva.
  • Dictar órdenes e instrucciones a cada trabajador en particular.
  • Sancionar incumplimientos contractuales de los trabajadores.
  • Determinar la plantilla de trabajo.
    Estas facultades vienen del artículo 38 de la Constitución Española . El ordenamiento también ofrece un deber de obediencia por parte del trabajador al empresario.   De acuerdo al artículo 58 del ET, los trabajadores podrán ser sancionados por sus incumplimientos laborales conforme a la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo aplicable. En este mismo artículo se establecen también las limitaciones de dichas sanciones ya que debe haber una proporcionalidad entre la gravedad de la falta y la sanción.   Como conclusión podemos afirmar que al empresario se le reconoce la capacidad para imponer sanciones menos graves que el despido, pero en cambio, nunca se podrá sancionar a un trabajador con la reducción de la duración del periodo de vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso.   Asesoría Simple-ty ofrece un asesoramiento eficaz donde sus gestores se encargan de buscar la mejor fórmula para las empresas y de informar de temas laborales que sean necesarios.  

Curiosidades sobre las cotizaciones

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Las cotizaciones son el abono a la Seguridad Social por parte de los sujetos obligados (trabajador y empresario) de una aportación económica correspondiente a la incorporación en el mismo por el ejercicio de una actividad laboral o profesional.

Por un lado, a la hora de cotizar al Régimen General respecto de las contingencias comunes, formación profesional y desempleo son sujetos obligados tanto los trabajadores como los empresarios. Por el contrario, respecto las contingencias profesionales y al FOGASA (Fondo de Garantía Salarial) el único obligado a cotizar es el empresario.

Por otro lado, el ingresos de dichas cuotas a la Seguridad Social, el sujeto responsable es el empresario, debiendo ingresar tanto la suya como la de sus trabajadores.

Las cotizaciones a la Seguridad Social (cuotas) se componen por las bases de cotización y los tipos de cotización (porcentajes).

BASES DE COTIZACIÓN

 

  •  Por contingencias comunes: compuesta por la remuneración total que tiene derecho a percibir el trabajador. Esta base de cotización está limitada a unas bases mínimas y máximas.
  • Por contingencias profesionales: se determina igual que la base de cotización por contingencias comunes, pero con la diferencia de incorporar también  la cantidad percibida por el trabajador en concepto de horas extraordinarias. Está limitada también por un tope mínimo correspondiente al salario mínimo interprofesional, no pudiendo ser inferior a 756.6, y un tope máximo equivalente al de las contingencias comunes.
  • Por desempleo, FOGASA y formación profesional: se toman las mismas que para las contingencias profesionales.
  • Por horas extraordinarias: corresponde la remuneración que perciba el trabajador por tales horas.

 

Ver: Orden ESS/86/2015, de 30 de enero.

TIPOS DE COTIZACIÓN

 

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Contingencias comunes:

Empresa: 23.60%   Trabajador: 4.70%  con un total de 28.30%

Desempleo:

Tipo General –> Empresa: 5.50%   Trabajador: 1.55 con un total de 7.05%

Duración determinada tiempo completo –> Empresa: 6.70%  Trabajador: 1.60% con un total de 8.30%

Duración determinada tiempo parcial –> Empresa: 6.70%    Trabajador: 1.60% con un total de 8.30%

FOGASA:

Empresa: 0.20%

Formación profesional:

Empresa: 0.60%   Trabajador: 0.10%  con un total de 0.70%

Contingencias profesionales:

La tarifa de cotización para estas contingencias dependerá de la actividad u ocupación que desarrolle el empresario y el trabajador.

Ejemplo:

Personal en trabajos exclusivos de oficina–> IT: 0.65% I,M,S: 0.35% con un total de 1.00%

Personal de oficios en instalaciones y reparaciones en edificios, obras y trabajos de construcción en general –> IT: 3.35% I,M,S: 3.35% con un total de 6.70%

Servicios de comidas y bebidas –> IT: 0.75% I,M,S: 0.50% con un total de 1.25%

Asesoría Alicante Simple-ty ofrece un buen asesoramiento sobre las cotizaciones a pagar a la Seguridad Social para que el cliente tengo lo más claro posible que porcentajes paga en su nombre y cuales a nombre del trabajador.

Ver: Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

 

Cambios en la Ley General Tributaria

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  19635-NS9NJU-01-01-01 El mes pasado ha visto la luz la Ley 34/2015, reforma parcial de la Ley General Tributaria 58/2013 , que había experimentado anteriormente abundantes correcciones, cuyo único objetivo era la prevención y lucha contra el fraude fiscal. Sin embargo, actualmente presenciamos cambios más diversos.

Entre las diferentes alteraciones que se han producido cabe destacar:

  • Los responsables subsidiarios de la deuda tributaria pasan de ser los agentes y comisionistas de las aduanas a los representantes aduaneros.
  • El plazo de las actuaciones inspectoras han pasado de 12 meses, contado desde la fecha de notificación al obligado tributario del mismo, hasta 18 meses, con carácter general.
La Ley 34/2015 ha entrado en vigor en un contexto de recuperación económica, se trata de una reforma más profunda y con medidas más variadas que constituyen un cambio de tendencia, donde se plasman tres grupos de medidas que buscan potenciar la información a disposición de la Administración Tributaria, resolver determinados procedimientos y mejorar otros para conseguir una mayor eficacia en la lucha contra el fraude fiscal con el fin de:

  1. Reducir la conflictividad.
  2. Incrementar la seguridad jurídica
  3. Potenciar la lucha contra el fraude.
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Por una parte una de las medidas de lucha contra el fraude fiscal es la la norma antiabuso  que consiste en la introducción de una nueva infracción tributaria para sancionar supuestos que ya hayan sido declarados por la Administración como conflicto en la aplicación de la norma tributaria.

Por otra parte, la ampliación de las potestades de comprobación e investigación es otra de las medidas de lucha contra el fraude fiscal, entre las que se encuentra:

  • Distinción entre los derechos a comprobar y a liquidar.
  • Plazo de 10 años para la comprobación de bases, cuotas o deducciones pendientes.
  • Plazo para el procedimiento de inspección de 18 meses (hasta ahora era de 12 meses, prorrogable por otros 12).

Esta medida aborda el aumento de los plazos de duración del procedimiento inspector y la simplificación de los supuestos para su interrupción.

De esta manera aporta claridad y simplicidad al procedimiento y evitará que costosas investigaciones sean anuladas por defectos en los plazos, dejando impunes a graves conductas fraudulentas.

Para más información sobre la modificación de la Ley General Tributaria, no dude en contactar con nuestra asesoría.